Mafioso emblemático

“Quienes tienen techo de vidrio que no hablen de moralidad (de mí moralidad)”. Este es el nuevo principio lanzado por Alan García y recogido como titular de domingo para una entrevista de Mariela Balbi, por sus amigos de El Comercio, y que en buena cuenta quiere decir que después de lo resuelto por el juez Velásquez Zavaleta, que le ha otorgado un aparente parapeto legal para no ser investigado, la contraofensiva que anuncia el ego colosal es la de prometer destruir la imagen pública de sus adversarios para que queden a la altura de la suya.

Ya se había visto la intención cuando se lanzó el primer brulote contra Sergio Tejada revolviéndole un aspecto de su vida juvenil, cuando engendró un hijo que la madre no quiso que reconociera como suyo. Yo sí reconozco a mis hijos, dijo el manganzón que hizo lo mismo a los 55 años, como si esto tuviera que ver con los narcoindultos y el caso BTR, y como si su propio caso fuera ejemplar cuando engañó al país en el 2006, al presentarse como una familia feliz, cuando sólo había vuelto con Pilar Nores como cartel de propaganda para las elecciones.

Ahora el caballito de batalla es clavarle Humala la acusación de que como capitán del Ejército en el Huallaga, cobraba por permitir los aterrizajes y despegues de aviones desde aeropuertos clandestinos. La prueba para realizar una declaración de estos alcances contra el que mal que bien es el presidente de la república, es una sola: un reportaje de Pablo O’Brien del año 2011, usado como parte de la campaña anti-Humala entre primera y segunda vuelta, y que nadie había tomado realmente en serio por falta de evidencias concretas.

Pero, otra vez, ¿qué es lo que está realmente tratando de decir Alan García? Todo indica que a lo que se refiere es a que no puede ser investigado por haber dado libertad a casi tres mil procesados  por narcotráfico, 400 de ellos por delito agravado de tráfico de drogas, clanes familiares y bandas completas, si es que quién dirige el gobierno podría haber sido el capitán de los aviones del Huallaga.

En conclusión, García se siente en condiciones de presentarse como superior moralmente al presidente de la Megacomisión (por el tema de los hijos) y al presidente de la república, al que quiere convertir en más amigo del narcotráfico que él. Una manera de defenderse atacando, ya que no hay manera de explicar por qué tuvo tanta predilección por poner en libertad a personas de la mafia de las drogas.

Viejas historias

Toda la construcción de García es mentirosa. Por ejemplo en el caso de la camioneta vendida Nissan Frontier a los Sánchez Paredes en julio del 2003, que se menciona en la entrevista del domingo, su defensa consiste en decir que puso un aviso en la prensa y curiosamente quién se presentó a comprar fue un señor Belisario Estevez que había sido viceministro en su primer gobierno y que era casualmente funcionario y accionista de las empresas de los Sánchez Paredes. Estas extrañas coincidencias que forman parte de la exagerada vida de García se añaden al detalle que el vehículo fue adquirido al importador, menos de un año antes de su reventa, a 18 mil dólares, con un precio de lista de 29 mil dólares, y fue vendido a 22 mil dólares, con una ganancia de 4 mil dólares. Más aún Estevez registró la operación a nombre de una de las empresas del grupo para el que trabajaba. Los Sánchez Paredes ya eran investigados en esa época por lavado de dinero y narcotráfico. Dos hermanos del clan fueron asesinados a balazos en relación a tema de drogas.

En el 2006, en plena campaña que lo llevaría a la presidencia García necesitó dinero para pagar el alquiler de un avión que debía traerlo de Puno para el mitin  de cierre de la primera vuelta, y a quiénes acudió para pedirles ayuda fue a uno de los prominentes miembros de la familia Sánchez Paredes que le depositó 5 mil dólares en una cuenta bancaria, por una simple llamada telefónica. Años después, cuando se descubrió este hecho, el entonces presidente dijo que no sabía quién había enviado la plata y que no se iba a “ensuciar” por tan poco dinero. Entonces se metió la mano en el bolsillo para extraer 5 mil dólares y ordenar que se les devolviera lo “prestado”.

Igual ocurre con la historia de la foto de García con el narco colombiano Oscar Fernando Cuevas Cepeda, que apareció publicada en la revista Semana de ese país, el 2 de junio del 2006, y que se explicaría según nuestro escurridizo expresidente por eso de que uno nunca sabe quién se le pone al lado. Pero en este caso la foto fue tomada en la residencia del mafioso, y es más difícil creer que el expresidente no supiera adónde había ido. En ese mismo ligar además fueron ponchados el venezolano Carlos Andrés Pérez y el argentino Saúl Menen. En la edición de La Semana, García era presentado como amigo de un lavador de dinero que movía 50 millones de dólares por semana, ¿cómo no iba a recibir la visita de los políticos menos escrupulosos de América Latina?

El ininvestigable

Arguye García en su defensa, “en ningún caso hay un narco que haya dicho: yo le pagué a Alan García para despegar mis avionetas con droga en el Huallaga”. Y eso es todo, cuando de lo que debería responder es de narcoindultos y conmutaciones, de amistades peligrosas en el Perú y el extranjero. Que Ollanta se ocupe de O’Brien por lo que afirmó hace años y no ha retomado, ni profundizado. Pero eso no cambia la presunción criminal sobre García, ni reduce la gravísima responsabilidad del juez Velásquez de erigirse en  su salvador y patrocinador.

Y es falso que el problema sea detener una inhabilitación que ya se veía venir por un tubo y que nos privaría del inmenso placer de ver a García mostrando sus artes de candidato en la elección de 2016. En realidad juntar los votos para castigarlo políticamente por los actos contra la Constitución y la moral pública de su segundo gobierno era muy difícil, especialmente porque dependía de los cálculos del fujimorismo y de un Congreso fragmentado. Basta ver el recule que está produciendo en la Megacomisión el almirante naranja Carlos Tubino, llamando a acatar el fallo prevaricador de Velásquez Zavaleta para entender a lo que nos estamos refiriendo.

El verdadero problema de García ha sido y es el de evitar el debate del pleno donde  sería más difícil repetir las mentiras y evasivas que le permiten sus entrevistadores amigos. Evidentemente hay cosas que García no puede explicar ante el país. Por eso sus abogados y el juez Velásquez han tratado de evitarle ese trance, sobre todo después del papelón de sus dos presentaciones ante la Comisión Tejada. Por esto mismo, el camino que debería seguir el Congreso si tuviera un mínimo de soberanía, sería llevar los informes de inmediato al debate del pleno, citando a García y obligándolo a responder. Cualquier otra vía es una trampa para que triunfe la impunidad.

12.04.14

Publicado en Hildebrandt en sus Trece