lunes, diciembre 09, 2013

El excontralor que regresó del trópico

“La Contraloría no está facultada para investigar al exasesor presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que perciben provienen del Estado”
Víctor Caso Lay 18-19 de diciembre de 1999


Los diarios de Lima repitieron dos días las declaraciones del entonces Contralor General de la República, Víctor Caso Lay, en respuesta a la denuncia del periódico  Liberación, que había mostrado los documentos sobre las cuentas personales de Vladimiro Montesinos en el Banco Wiese. Mientras Blanca Nélida Colán, Martha Chávez y muchos otros decían que seguramente los cientos de miles de dólares que el asesor tenía registrados como propios se debían a asesorías bien pagadas, que vendía al exterior; el hombre que estaba mandatado por ley a seguir las cuentas del Servicio de Inteligencia que manejaba Vladimiro y a opinar sobre pagos irregulares a funcionarios del Estado, se excusaba públicamente de no investigar al personaje que estaba en el centro de la noticia por ser “un particular”, al que debía probársele que sus ingresos provenían del Estado.

Para 1999 ya se había discutido hasta el cansancio el tema de la condición laboral de Montesinos y después de haberlo cubierto por mucho tiempo con la ambigüedad, finalmente el gobierno hizo públicas dos resoluciones: una de 1992, que lo designaba como Asesor II, en condición Ad Honorem (dependiente de la presidencia), y otra en el cargo de confianza de Asesor II-F5, en la alta dirección del SIN del año 1996, ambas firmadas por Fujimori. O sea que, mal que bien, el Doc., no era un particular ni había nada que tuviera que probarse al respecto.

Fuera de los vergonzoso que puede ser que el jefe de control del Estado reconozca no saber el estatus administrativo de quién hablaba a nombre del poder y de los sistemas de Inteligencia, mucho más grave era que en el período en que Víctor Enrique Caso Lay estuvo en la Contraloría, entre el 27 de junio  de 1993 y el 28 de junio del 2000 (siete años), no se realizase ni una sola acción de control sobre los enormes recursos que el Ejecutivo transfirió al Servicio de Inteligencia Nacional SIN, bajo el rubro de “Régimen de Ejecución Especial”, y que la propia Contraloría en el año 2001 calculó en 351 millones 72 mil 40 nuevos soles (Informe Especial Nº 010-2001-CG y Resolución de Contraloría Nº 163 2001-CG), siendo que la Contraloría es el único órgano del Estado con acceso a la revisión de documentos, registros e información de todas las entidades del Estado, incluidas las que funcionan bajo las condiciones de reservado o secreto, como garantía ante la sociedad de su buen uso.

La ausencia de toda fiscalización le permitió a Montesinos disponer libremente de los fondos señalados (más o menos 50 millones por año) y probablemente más, y derivar de allí desembolsos como los que se hacían para financiar las actividades del Grupo Colina y sus similares; la infiltración de partidos y organizaciones sociales; las campañas electorales oficialistas (casos Hurtado Miller y Raffo); la manipulación de medios de prensa (diarios chicha, canales de televisión, radio y periódicos “independientes”); compra de magistrados y congresistas; vida de lujo de Montesinos; gastos presidenciales (educación de sus hijos en el exterior); entre otros.

En otras palabras, al no controlar los fondos del SIN, Caso Lay era cómplice de todos estos hechos. Tal vez pensaba, en esos años, que el fujimorismo iba a durar para siempre y que nunca tendría que pagar por sus gravísimas omisiones. Eso se ve a las claras en la respuesta que le da al oficio del congresista Javier Alva Orlandini de octubre de 1996, en el que se le pide que remita información sobre la ejecución presupuestal del SIN 1990-1996, indicando que “la entidad encargada de evaluar la ejecución presupuestal es la dirección general de Presupuesto Público”, obviando su propia función como entidad de control presupuestal.

Si el Contralor se negaba a brindar información sobre los ingresos y gastos del SIN, ¿a quién podrían solicitárselo? Es obvio, que aquí tenemos el caso concreto de un operador político y administrativo de la dupla del poder de los 90.  Una historia como para sonreír con los gestos de indignación de la bancada naranja cuando Daniel Abugattás les recordó en público su condición de “montesinistas”, es decir defensores del régimen que trasvasaba recursos del presupuesto formal hacia fondos secretos supuestamente de las Fuerzas Armadas, que a su vez iban al SIN, para su empleo por el asesor Montesinos. Ahí, Palacio, el MEF, el ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, la jefatura nominal del SIN, eran eslabones de la cadena que unía por un inmenso fajo  de billetes al presidente y a su operador multipropósito. Decir que Keiko luchó contra algo como esto es de una ridiculez apabullante.

La extradición


A Caso Lay lo detuvieron en el 2008 en El Salvador, pero hasta hoy no está claro porqué no fue extraditado habiendo graves denuncias en su contra. El procurador Arbizu ha señalado que el gobierno aprista no renovó las tarjetas de los acusados de corrupción que se encontraban prófugos a lo largo del mundo, lo que habría permitido que Caso Lay, Malca, Blacker y otros, fueran puestos en libertad por la Interpol , tras ser intervenidos en varias capitales del mundo, y continuar sus actividades económicas y personales como si no se tratara de delincuentes internacionales.

La captura de Caso Lay debe poner muy nerviosos a los fujimoristas. Más o menos como en la historia de Al Capone, las mafias recién hacen conciencia de que pueden ser desenmascaradas cuando el contador que les arreglaba las cuentas pasa a manos de la policía. A Caso Lay lo van a juzgar por los fondos del SIN, las compras militares fraudulentas a las que prestó visado, su asociación ilícita para dar forma a una red en el estado al más alto nivel para desviar fondos públicos.

Pero en verdad sobre el tipo deberían caer muchas más preguntas. Por ejemplo: ¿qué se hizo con el dinero de las privatizaciones: más diez mil millones de dólares que se convirtieron en nada y que la Contraloría tenía que fiscalizar?; ¿de qué manera se le pasaron al Contralor las comisiones por venta de armas, que Hermoza reconoció abiertamente por un monto de 20 millones de dólares, sólo para su caso?; ¿por qué no hay ninguna acción de control registrada sobre la “silla giratoria” (funcionarios de los bancos y grandes empresas que ocuparon posiciones públicas que incidían en normas que eran de interés para sus antiguos empleadores, y que regresaban a sus cargos originales después de cumplidos los encargos)?; ¿cómo explica Caso Lay que su inasistencia al  Congreso para informar sobre el caso Mantaro-Pachitea (barcos que se hundieron apenas entregados a la Corporación de Vapores), lo que costó al país 74 millones de dólares?

Y todo eso sin olvidar sus extrañas conexiones con el contador de la banda de narcotraficantes conocida como “los camellos”, que nunca ha sido aclarada.

En realidad la Contraloría del fujimorismo, puede ser una verdadera caja de sorpresas sobre cómo era la moña con los recursos públicos en la época del dictador, hoy preso en la DIROES por violación de derechos humanos y corrupción.

Publicado en
Hildebrandt en sus Trece


09.12.13

No hay comentarios.: