lunes, mayo 13, 2013

Justicia de mercado


Aunque quizás usted no lo sabe, el otro mercado mayorista, el de frutas, de la avenida Nicolás Ayllón en La Victoria,  también tiene su lío judicial y dos jueces que desafían los principios para mantener como administradores a un grupo de personas que salieron de la nada para alterar y aprovechar el proceso de transferencia de los puestos a sus conductores y la caja diaria de los cobros por los camiones que ingresan a la zona de venta.

Esta historia que bien merece su lugar en la antología de la justicia fumigable de la que hablaba el presidente de la Suprema, comienza con el llamado proceso de privatización de los mercados públicos (ley 26569, año 1996) y las controversias entre los comerciantes y el municipio de La Victoria que culmina en julio de 2001, cuando el Tribunal Constitucional ordena la venta de los puestos a sus conductores y reconoce a la Comisión Transitoria de Administración formada por ellos y presidida por el señor Willy Cuadros.

Hasta ahí todo era claro. Pero en diciembre del 2010 el Juez Carlos Vargas García resolvió de manera claramente dolosa una supuesta diferencia entre la Municipalidad de la Victoria y una inventada Asociación de Defensa y Modernización del Mercado de Frutas, presidida Javier Casabona y Patricia Ñaña que no son comerciantes y que se “nombraron” en una asamblea ficticia en cuya lista de asistencia figuran personas que juran no haber asistido y un número elevado de fallecidos.

La resolución de este juez fue anulada en segunda instancia y el responsable procesado en la OCMA por falta grave. Pero eso no ha evitado que luego de la nulidad aparezca la jueza del 6º Juzgado Civil,  Rocío del Pilar Romero, para mantener vivo el problema como si la resolución del juez Vargas García siguiera vigente y la legítima Comisión Transitoria de Administración careciera de derecho para exigirle que resuelva el caso.

Muchos comerciantes piensan que este comportamiento sospechoso de los jueces que reconocen dirigencias inexistentes y se niegan a acatar al Tribunal Constitucional y a la Sala Superior, podría estar motivado por algo más que incompetencia jurídica. La administración del mercado genera muchos miles de soles diarios y el grupo que está entornillado ilegalmente en las oficinas administrativas porque la jueza Romero no quiere que se vaya carece de controles para hacer uso de estos recursos ya que su asociación no tiene bases y mecanismos de vigilancia.

La jueza del 6º Juzgado, siguiendo el camino de su antecesor ya está quejada ante la OCMA por retardo en la administración de justicia. Pero la verdad de todo esto es que se ha comprobado que el caso Malzon de La Parada no es único. Parece que hubiesen jueces dispuestos a representar una justicia de mercado, en la que los derechos quedan a merced del mejor postor.

13.05.13

No hay comentarios.: