miércoles, marzo 20, 2013

El laberinto del JNE


Me faltó contar entre los perdedores del 17-M, a los magistrados del Jurado de Elecciones. A estas personas hay que preguntarles ahora si creen que alentaron el ejercicio democrático cuando mantuvieron sin sanción a los falsificadores de firmas que con este recurso se ganaron el “derecho” a presentar nuevos lotes, incluido el último llegado a destiempo que se validó con el expediente de que un funcionario de RENIEC erró la fecha límite que era pública y conocida.

Luego vino el asunto de convocar a la votación en un plazo de poco más de cuatro meses que incluían las fiestas de fin de año y el cambio de la jefatura de la ONPE. No importaba. Lo que contaba era que el tiempo corto favorecía la revocatoria, por lo menos eso decían las encuestas que traducían un estado de ánimo inicial claramente inclinado al Sí. El propio trato otorgado por los jurados a la alcaldesa y su equipo, daba una idea de contraste con el que se dispensaba a sus adversarios: a unos casi les desconocía su condición de autoridad y a los otros, aparte de falsificaciones y malacrianzas, se les permitía mantener un falso promotor, tras el cual había un abogado advenedizo que hablaba por él y otros que se fueron juntando, mientras todo el mundo hablaba de políticos en la sombra que empujaban el proceso.

Pero lo que sin duda es el peor pecado de los señores que deben cuidar la legalidad electoral es haber violado la ley de revocatoria que señala, como lo recuerda el doctor Olivera Díaz, que este tipo de proceso es individual, fundamentado y sin pruebas, lo que quería decir que se debía individualizar los casos de la alcaldesa con los de cada regidor, y fundamentar cada uno de ellos con las razones que fueren, sin presentar prueba. Pero no se hizo eso, sino que se achacó “incapacidad” en la alcaldesa y se le imputó faltas increíbles como el retraso del tren eléctrico o las fallas en la seguridad ciudadana, pero no se dijo porque tenían que irse los regidores, incluidos los de oposición y el hijo de Castañeda, cuando no tenían capacidad individual de decisión en los puntos consignados.

El JNE se zurró en la ley y aceptó un pedido revocador que planteaba traerse abajo a la alcaldesa y todo su Concejo, lo que estando fuera de la ley, tampoco está siendo cumplido, porque tal como anota Vitocho García Belaúnde, la opción era todo el Concejo o nadie del Concejo, lo que no es lo que ha estado ocurriendo  ya que los electores han discriminado en la lista de acuerdo a su criterio y sin ninguna fundamentación individual. Por tanto todo esto ha estado mal hecho y alguien deberá responder por estos absurdos legales que afectan a la ciudad y a credibilidad electoral.     

20.03.13
www.rwiener.blogspot.com

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