lunes, noviembre 08, 2010

La libertad de Lori

Si la jueza León había resuelto que Lori Berenson había reunido los requisitos para obtener la libertad condicional, porque a través del trabajo y el estudio había logrado rebajar su pena y porque aplicado este descuento había cumplido el requisito de superar los dos tercios de la condena, poniendo a un lado los argumentos de la Procuraduría que pretendían separar los beneficios, y si la Sala superior devolvió a prisión a la norteamericana para que se subsanara el procedimiento de revisión del domicilio de la procesada, temas a los que el procurador Julio Galindo y la ministra Fernández no han podido agregar nada nuevo: ¿a qué tanto salto ahora cuando el resultado de todas las apelaciones y maniobras han dado como conclusión una ratificación del primer fallo, con ampliaciones doctrinarias de parte de la juez, y declaraciones destempladas del representante del gobierno?

La ministra y la periodista Palacios discutían el viernes sobre el punto y lo que se hacía evidente era que no estaban refiriéndose a los seis meses que según la posición oficial le restan a Lori Berenson para llegar a los quince años, momento en el cual ya no habría ni siquiera que agregarle lo ganado legalmente, con esfuerzo de redención; sino que, si se le rechazaba en este momento la actual solicitud de libertad, la prisionera quedaría fuera del grupo de los que solicitaron los beneficios antes de la bárbara ley de Alan García que, sin ningún motivo, salvo el de satisfacer presiones de prensa, anuló todos los beneficios para los acusados por terrorismo, hace alrededor de un año. Lo que se quiere es forzar el regreso de la Berenson a la cárcel por cinco años más y presentar eso como un triunfo de la dureza “antiterrorista”, en el mejor estilo Fujimori.

El procurador Galindo ha dicho que la juez se burla del país hablando repetidamente de “reinserción”, con lo que está afirmando que los procesados como Berenson no tienen derecho a buscar reinsertarse, siguiendo los derroteros señalados por la ley. En un extremo de patetismo, Fernández y Palacios discutían sobre si era al INPE, en sus evaluaciones de los presos, o la juez, de acuerdo a su conciencia, al que le tocaba cerrar las puertas a personas como Berenson. No era si la evaluación del INPE era la correcta, ya que Lori efectivamente ha tenido buena conducta en sus muchos años de encierro, ha sido una lideresa trabajadora y ha expresado, aunque no estuviera obligado a hacerlo, arrepentimiento explícito por sus actos, sino si por algún lado estaba la clave para mantener a Lori y a otros presos más amenazantes, el mayor tiempo de prisión posible, y evitarse los escándalos de prensa que vienen después de estos episodios y que el gobierno siente como que lo mancharan de debilidad ante la violencia. Por su lado la ministra indicaba que la jueza podía negar la libertad aún sin tomar en cuenta el informe de INPE, que es una entidad bajo su jurisdicción; no que el informe estuviera mal, o que su criterio fuera el que está en la sentencia, sino que lo que se quería de ella era más años de cárcel para los “terroristas”. En ningún caso, estas dos, estaban conversando de lo que todo el mundo ve, que Lori Berenson no es ningún peligro y que el castigo recibido sobrepasa largamente el de otros crímenes mayores que el de planear sin ejecutar una imposible toma del Congreso y vociferar en la presentación de la DIRCOTE.

Es más que obvio que Galindo, Fernández y Palacios creen realmente estar poniéndose a tono con una supuesta opinión pública que no quiere ver libres a los condenados por terrorismo así hayan cumplido sus penas. Pero tal vez estén confundiendo la opinión de una sola cuadra de una calle de Miraflores, con la del Perú entero. O, lo que es peor, la de los propios medios que agitan miedos e irracionalidad, para mejor manipular nuestras conciencias, y que pasan por opinión de todos.

07.11.10

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