El enredo del VRAE

Todo ministro del Interior tiene que decir que no está pintado en la pared ante los golpes de las bandas armadas, que entiende la situación y que ha reducido oportunamente las amenazas. Es lo que trataba de decir el ministro Salazar al señalar que su despacho tenía el suficiente control de la situación en el VRAE como para responder a ataques como el de San José de Secce, y que lo que había que ver ahí era que la Comisaría no fue tomada y que la columna agresora sufrió varias bajas, aunque no se haya encontrado evidencia de que eso realmente hubiese sucedido.

Hay un sector de la clase política peruana que vive, en cambio, de promover el miedo. Los ataques en el VRAE y en sus alrededores son presentados como los nuevos Chuschis, que anuncian el incendio de la pradera, y cómo la reedición de la campaña senderista 1981-1982, que destruyó innumerables comisarías en el campo. Esta idea apunta a que de aquí a algunos años tendremos torres de energía derribadas y apagones en las ciudades y finalmente los coches bombas que no se han borrado aún de la memoria de los limeños. Los fujimoristas viven de esto y si uno recuerda bien, fue con ellos que se inventó eso del “rebrote”, como si el problema fuera de botánica y no de política. Y ha resultado que otros notables de la derecha y del APRA han ido sumándose a este punto de vista que justifica la necesidad de gobiernos fuertes y arbitrarios.

Un espécimen característico de esta línea de pensamiento es Mercedes Cabanillas, que como ministra del Interior, acompañó a Simon en la presentación del famoso y fallido Plan VRAE, que partía de la caracterización de que los ataques en esa zona eran “manotazos de ahogado” y que ahora como congresista hace escándalo cuando escucha que Humala advierte la diferencia clave entre el senderismo original y la actual violencia, que ha perdido perspectiva estratégica, aún cuando su eficacia militar pueda sorprender en algunos momentos. Otro tema es Rey, que se pasa la vida explicando lo de las manos atadas de los militares por la vigilancia de los organismos de derechos humanos, pero ahora está de cabeza política de las Fuerzas Armadas y tendrá que dejar de buscar excusas para su responsabilidad que es garantizar una política de defensa que no atropelle los derechos de la sociedad.

Por esta vez, el presidente García ha zanjado la polémica señalando algo que le impone su cargo: si se trata de remanentes de una organización ya derrotada, entonces no pueden ser una amenaza real para el Estado, por más que pueda provocar daños serios en cada una de sus incursiones. Obviamente no se trata de desarmarse o de minimizar la guerra de la droga que se vislumbra desde la selva de Ayacucho, sino de establecer exactamente lo que está pasando. Y ahí lo que se ve son fuerzas tratando de lograr una hegemonía en el circuito de la cocaína. En vez de despejar el campo, atacando puestos en los pueblos chicos como se hacía a comienzos de los 80, ahora se ataca la comisaría principal tratando destruirla, como ya se hizo en el límite con Apurímac. Esta no es una guerra por ganar a las masas o dominarlas, sino por mostrar quién manda aquí.

09.08.09
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