Matar terroristas

No era que no había motivación para que Fujimori mandara matar a los participantes de una pollada en Barrios Altos o a los estudiantes de La Cantuta, y que esta era una de las ideas fuertes con las que Nakasaki reclamaba su inocencia. Entonces, ¿a qué viene esta discusión post sentencia que pretende ni más ni menos que la nulidad de la sentencia, porque en ella se establece que nunca fue probada la condición senderista o terrorista de las víctimas?

O sea, Althaus, Alcorta, Fournier, por no decir Martha Chávez, creen que la sentencia hubiera sido diferente si se eliminaba esta consideración y se mantenía la presunción que el Grupo Colina actuó para eliminar dos focos subversivos. Si eso piensan, ¿por qué en el juicio no sacaron los “análisis” de inteligencia que llevaron a la determinación de escoger a estas personas como blancos?

No lo hicieron porque hubieran tenido que admitir que había una política de por medio que consistía en “analizar” primero, y asesinar después, presuntos subversivos y supuestos colaboradores o elementos que consideraban funcionales a la subversión, que es justamente la tesis principal de la acusación. Quieren que les creamos que Colina desobedecía al presidente, pero que de cualquier forma disparaba siempre al blanco justo, lo que implicaba estar dentro del llamado plan de “pacificación”.

La contradicción es flagrante y se explica por la existencia de dos discursos: el que va a los jueces, que pretende separar al jefe de la acción delictiva; y el que va a la masa, que indica que Fujimori “nos salvó” de los terroristas, precisamente porque los eliminó uno por uno. Sin duda cada familia que perdió a uno o más de los suyos tiene derecho a que se respete la memoria de los fallecidos porque ya bastante dolor les han causado, sin que nunca se presentaran pruebas de la acusación implícita de vinculaciones subversivas.

Pero aún en los casos en que se procedió contra elementos subversivos confesos, como los detenidos fusilados después de la recuperación de la casa del embajador de Japón, o los dirigentes senderistas muertos en el Penal de Castro Castro en 1992, o los emerretistas eliminados en Los Molinos y los senderistas de los penales de 1986, casos que van a la cuenta de sangre de Alan García, el Estado se comportó criminalmente.

Por tanto esta es una discusión fuera de sitio, que sólo sirve para descubrir la catadura de quiénes la sustentan. Es como aquella declaración de Lourdes Alcorta que dijo que si la mujer violada era de Sendero, bien violada estaba.

12.04.09
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